“Si quieres la paz, trabaja por la justicia”- Papa Pablo VI.
El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona a ser oída, en condiciones de plena igualdad, públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial; función que desempeña en materia federal, el Poder Judicial de la Federación.
A los jueces y magistrados, se les exige ser competentes técnicamente, independientes y honestos; por lo que se les considera la base, de un sistema democrático de impartición de justicia.
La noticia del asesinato del Juez Federal Uriel Villegas y su esposa, llama la atención, ya que como lo señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trató de un crimen de estado; el cual, además de haber privado de la vida a dos personas, y de una familia a sus 2 pequeñas hijas, representa un mensaje intimidatorio hacia los demás juzgadores.
Lo anterior, a pesar de que el 4 de enero de este año, el Consejo de la Judicatura Federal señaló en un comunicado, que estaban al tanto de amenazas contra jueces federales, y que estaban tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad, las cuales evidentemente, no fueron suficientes.
Diversas asociaciones de abogados, así como la de magistrados y jueces federales que dirige el magistrado Ariel Rojas Caballero, han solicitado se revisen los protocolos de seguridad, de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de juzgar casos en los que haya susceptibilidad de ser amenazados.
No basta señalar que alguien bajo su responsabilidad renuncie a la seguridad; es tarea del propio Consejo de la Judicatura cuidar a sus jueces, y en función de ello, proporcionarles seguridad suficiente, no solo para que no se les afecte en su integridad, sino para que puedan resolver con estricto apego a derecho.
Los mensajes del titular del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada son contradictorios y confusos, puesto que un día se habla de “abrazos y no balazos”, luego hay una confesión de haber ordenado liberar en Culiacán a un detenido, y por otro lado, se ordena que además de la guardia nacional, el ejército realice labores de seguridad.
No se trata de ser permisivo, lo que obliga es ser objetivo, congruente y colaborativo; porque un Poder Judicial sólido, permite a las personas un acceso a justicia de manera imparcial, resultando en consecuencia, ser garante de los Derechos Humanos de quienes acuden a él.
Un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2013, señala que es obligación del Estado, proteger la vida e integridad de los juzgadores, y en casos como el homicidio del Juez Villegas, se debe investigar y sancionar a los responsables, adecuada y rápidamente; con el objeto de evitar un clima de impunidad, y disminuir la afectación de la confianza de los ciudadanos, en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Atrás deben quedar los ataques del Presidente por el tema del presupuesto, y los intentos unilaterales de legisladores del partido MORENA para reestructurar al Poder Judicial, porque se trata de atentados a su imagen, autonomía e independencia, que al final, acaban perjudicando a todos.
Los 3 poderes del Estado se encuentran obligados a que, en su respectivo ámbito de competencia, consideren experiencias exitosas y con creatividad, implementen mecanismos de inteligencia efectivos, y sobre todo preventivos, que garanticen la seguridad de jueces y magistrados, y eviten una nueva tragedia.
